EnContextoSocial.com
Bandera de DO
Inteligencia Editorial

EnContexto Social utiliza inteligencia artificial avanzada para recopilar, analizar y presentar noticias verificadas de la República Dominicana en tiempo real.

SECCIONES

Nacionales

Deportes

Economía

Mundo

Turismo

LEGAL

Términos de Uso

Privacidad

Transparencia AI

Cookies

Contacto

Sobre Nosotros

Administración

BOLETÍN DIARIO

Recibe las noticias más importantes a primera hora de la mañana. Sin spam, solo información.

​
© 2026 Noticias RD AI. Todos los derechos reservados
SISTEMAS OPERATIVOS
COBERTURA EDITORIAL

Política

Información en tiempo real y profundidad analítica sobre Política en España.
Última hora sobre la actualidad política, en directo
PRINCIPAL
Política

Última hora sobre la actualidad política, en directo

Entrando en este miércoles en el tercer día del último juicio de la 'Kitchen', los tres magistrados han rechazado incluir en el caso como investigada a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y al propio partido como responsable civil subsidiario. Hoy, continúan las cuestiones previas en la Audiencia Nacional. El otro gran juicio a la corrupción que marca la semana política, el del caso mascarillas, toma una nueva derivada: la acusación de la defensa de Jose Luis Ábalos contra su expareja, Jésica Rodríguez, uno de los testimonios más dañinos para el exministro. El abogado acusó a Rodríguez de dedicarse a la prostitución y de haber sido “captada” por Víctor de Aldama “en provecho” de Ábalos. Entre otros, hoy asistirán al juicio Claudia Montes, una militante socialista que solicitó ayuda al exministro para conseguir un puesto en Asturias, y el que fue su jefe en Adif, José Ángel Menéndez.

El Diario (ES)
...

Idioma:

Español
English
Português
Français
Sumar se queda solo en la negociación del decreto de vivienda que el PSOE da por imposible
Política
🇪🇸
...
16 MIN LECTURA

Sumar se queda solo en la negociación del decreto de vivienda que el PSOE da por imposible

Los de Yolanda Díaz son conscientes de la dificultad de aprobar el paquete de medidas sobre el alquiler, pero marcan perfil propio en plena precampaña andaluza y en mitad de la reconfiguración de la izquierda alternativa escenificando un choque con la derecha Bustinduy promete “más actuaciones para defender a los inquilinos” y confía en ganar la votación del decreto de vivienda La negociación para conseguir convalidar en el Congreso el decreto de medidas de vivienda aprobado hace unas semanas por el Consejo de Ministros no carbura. El ala minoritaria del Gobierno, la de Sumar, es la que ha tomado el timón de las conversaciones con los grupos parlamentarios para intentar convencerles de votar a favor de un texto que, hoy por hoy, tiene muy pocas opciones de obtener los votos para seguir en vigor. Pero los de Yolanda Díaz, que son conscientes de la dificultad de sacar el paquete adelante, no han logrado mover ni un milímetro la negativa de PP y Junts, de quienes depende que el decreto se convalide. Y el PSOE no está haciendo muchos esfuerzos para intentar revertir ese rechazo y ha decidido no involucrarse en una negociación que, consideran, está abocada al fracaso. Buena muestra de la soledad con la que Sumar está viviendo esta negociación es que se ha visto obligado a vehicular las conversaciones a través de su grupo parlamentario y no de sus ministerios. El lunes, de hecho, los cuatro principales partidos de esa coalición —IU, Más Madrid, los Comuns y Movimiento Sumar— presentaron la campaña 'Pide la prórroga, defiende la prórroga' y anunciaron que su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez, convocaría reuniones con todos los socios habituales del Gobierno y también con el PP. No obstante, 24 horas después los populares respondieron con un portazo y anunciaron que se niegan a mantener un encuentro con el grupo parlamentario de Sumar porque su posición en relación con el decreto y con medidas como la prórroga de los alquileres que venzan en 2026 y 2027 es “de sobra conocida”. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy —que está pilotando la negociación de este decreto por parte de Sumar— reaccionó rápidamente a esa negativa criticando que “la respuesta del PP frente a la crisis de vivienda siempre es la misma: no hacer nada”. “Esta vez se equivocan”, dijo, porque “si votan contra la prórroga de alquileres pagarán un precio político altísimo”. “Entre los 2,6 millones de inquilinos a los que quieren echar a la calle también están sus votantes”, recordó Bustinduy. Y fuentes de Sumar señalan que “el 70% de los del PSOE están de acuerdo con la medida” y que “alrededor de un cuarto de los votantes de derechas también la apoya”. La respuesta del PP frente a la crisis de vivienda siempre es la misma: no hacer NADA. Pero esta vez se equivocan. Si votan contra la prórroga de alquileres pagarán un precio político altísimo. Entre los 2,6M de inquilinos a los que quieren echar a la calle también están sus votantes. [image or embed] — Pablo Bustinduy (@pbustinduy.bsky.social) 7 de abril de 2026, 15:21 ha tumbado en dos ocasiones sendos decretos del Gobierno con medidas de vivienda mucho más tibias que la prórroga de los alquileres. Los de Carles Puigdemont se han negado a mantener la suspensión de los desahucios para inquilinos vulnerables que no podían pagar su alquiler, y esa iniciativa afectaba a muchos menos caseros que la extensión al mismo precio de los contratos que vencen en 2026 y 2027. Desde el inicio de la legislatura, Sumar ha hecho bandera de sus diferencias con el PSOE en materia de vivienda. Esa distancia volvió a evidenciarse, precisamente, en la reunión del Consejo de Ministros en la que se aprobó este decreto, cuyo inicio se tuvo que retrasar por la negativa de Díaz y los suyos a participar si los socialistas no se comprometían a aprobar la prórroga de los alquileres que el PSOE llevaba rechazando de plano muchos meses. Estos movimientos de Sumar, no obstante, no pueden aislarse del contexto político en el que están teniendo lugar: en plena precampaña para las elecciones autonómicas en Andalucía del 17 de mayo y también en mitad del proceso de reconfiguración de la izquierda alternativa, por cuya primacía los partidos que componen Sumar mantienen un pulso con Podemos. Una negociación imposible Lo que defienden en las filas socialistas es que toda esa puesta de largo en torno a una negociación que califican de imposible tiene más que ver con la necesidad de Sumar de recuperar algo de foco político que con una creencia real de que se pueda sacar adelante el texto. Explican en el PSOE que, por el momento, ni siquiera tienen constancia de que hayan arrancado las conversaciones de su socio de coalición con los grupos respecto al contenido de un decreto que aún no tiene fecha de convalidación en el Congreso. Y que, en cualquier caso, el recorrido de esas conversaciones es, en su opinión, nulo. “Nosotros estamos a favor de esas medidas, nos parecen necesarias y por eso el Gobierno las ha vuelto a aprobar, después de aplicarlas anteriormente. Pero las habas están contadas y tenemos la certeza de que el PP, Vox y Junts las van a tumbar, porque nos lo han dicho claramente”, sostienen en las filas socialistas, donde apostillan que, si la negociación con la derecha es imposible, con la izquierda ni siquiera hace falta. “No hace falta negociar con ERC, Bildu o Compromís ese decreto porque ya sabemos que lo apoyan. La clave, como tantas veces, es Junts. Y no pueden ser más claros en su rechazo”. Ese convencimiento del PSOE respecto a la postura de los independentistas catalanes, que en la práctica ya ejercen de fuerza de oposición en el Congreso desde hace meses salvo contadas excepciones, está de hecho en el origen del choque en el Consejo de Ministros extraordinario que protagonizaron los socios de coalición. El presidente del Gobierno y su equipo se cerraron en banda a incluir en el decreto de medidas económicas por la guerra de Irán el paquete de vivienda exigido por Sumar. Porque de hacerlo, defendieron entonces y sostienen aún hoy, todo el plan hubiera sido rechazado por el Congreso, que hubiera tumbado la rebaja fiscal a los combustibles o la prórroga al bono social eléctrico y térmico. Los socialistas aseguran que “respetan” las estrategias políticas de sus socios y que no pondrán ningún tipo de trabas al intento de Sumar de apropiarse de la defensa de un decreto cuyas medidas están en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Entre otras cosas, el texto permite una prórroga legal de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2027, de los contratos de alquiler que finalicen a partir del 21 de marzo. Algo de lo que pueden beneficiarse hasta 2,6 millones de inquilinos y un millón de hogares a los que les aplicaría la limitación de la actualización de la renta.

Cortex AI
e
elDiario.es - Política
Sumar se queda solo en la negociación del decreto de vivienda que el PSOE da por imposible
Política
🇪🇸
...
11 MIN LECTURA

Sumar se queda solo en la negociación del decreto de vivienda que el PSOE da por imposible

Los de Yolanda Díaz son conscientes de la dificultad de aprobar el paquete de medidas sobre el alquiler, pero marcan perfil propio en plena precampaña andaluza y en mitad de la reconfiguración de la izquierda alternativa escenificando un choque con la derecha Bustinduy promete “más actuaciones para defender a los inquilinos” y confía en ganar la votación del decreto de vivienda La negociación para conseguir convalidar en el Congreso el decreto de medidas de vivienda aprobado hace unas semanas por el Consejo de Ministros no carbura. El ala minoritaria del Gobierno, la de Sumar, es la que ha tomado el timón de las conversaciones con los grupos parlamentarios para intentar convencerles de votar a favor de un texto que, hoy por hoy, tiene muy pocas opciones de obtener los votos para seguir en vigor. Pero los de Yolanda Díaz, que son conscientes de la dificultad de sacar el paquete adelante, no han logrado mover ni un milímetro la negativa de PP y Junts, de quienes depende que el decreto se convalide. Y el PSOE no está haciendo muchos esfuerzos para intentar revertir ese rechazo y ha decidido no involucrarse en una negociación que, consideran, está abocada al fracaso. Buena muestra de la soledad con la que Sumar está viviendo esta negociación es que se ha visto obligado a vehicular las conversaciones a través de su grupo parlamentario y no de sus ministerios. El lunes, de hecho, los cuatro principales partidos de esa coalición —IU, Más Madrid, los Comuns y Movimiento Sumar— presentaron la campaña 'Pide la prórroga, defiende la prórroga' y anunciaron que su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez, convocaría reuniones con todos los socios habituales del Gobierno y también con el PP. No obstante, 24 horas después los populares respondieron con un portazo y anunciaron que se niegan a mantener un encuentro con el grupo parlamentario de Sumar porque su posición en relación con el decreto y con medidas como la prórroga de los alquileres que venzan en 2026 y 2027 es “de sobra conocida”. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy —que está pilotando la negociación de este decreto por parte de Sumar— reaccionó rápidamente a esa negativa criticando que “la respuesta del PP frente a la crisis de vivienda siempre es la misma: no hacer nada”. “Esta vez se equivocan”, dijo, porque “si votan contra la prórroga de alquileres pagarán un precio político altísimo”. “Entre los 2,6 millones de inquilinos a los que quieren echar a la calle también están sus votantes”, recordó Bustinduy. Y fuentes de Sumar señalan que “el 70% de los del PSOE están de acuerdo con la medida” y que “alrededor de un cuarto de los votantes de derechas también la apoya”. La respuesta del PP frente a la crisis de vivienda siempre es la misma: no hacer NADA. Pero esta vez se equivocan. Si votan contra la prórroga de alquileres pagarán un precio político altísimo. Entre los 2,6M de inquilinos a los que quieren echar a la calle también están sus votantes. [image or embed] — Pablo Bustinduy (@pbustinduy.bsky.social) 7 de abril de 2026, 15:21 ha tumbado en dos ocasiones sendos decretos del Gobierno con medidas de vivienda mucho más tibias que la prórroga de los alquileres. Los de Carles Puigdemont se han negado a mantener la suspensión de los desahucios para inquilinos vulnerables que no podían pagar su alquiler, y esa iniciativa afectaba a muchos menos caseros que la extensión al mismo precio de los contratos que vencen en 2026 y 2027. Desde el inicio de la legislatura, Sumar ha hecho bandera de sus diferencias con el PSOE en materia de vivienda. Esa distancia volvió a evidenciarse, precisamente, en la reunión del Consejo de Ministros en la que se aprobó este decreto, cuyo inicio se tuvo que retrasar por la negativa de Díaz y los suyos a participar si los socialistas no se comprometían a aprobar la prórroga de los alquileres que el PSOE llevaba rechazando de plano muchos meses. Estos movimientos de Sumar, no obstante, no pueden aislarse del contexto político en el que están teniendo lugar: en plena precampaña para las elecciones autonómicas en Andalucía del 17 de mayo y también en mitad del proceso de reconfiguración de la izquierda alternativa, por cuya primacía los partidos que componen Sumar mantienen un pulso con Podemos. Una negociación imposible Lo que defienden en las filas socialistas es que toda esa puesta de largo en torno a una negociación que califican de imposible tiene más que ver con la necesidad de Sumar de recuperar algo de foco político que con una creencia real de que se pueda sacar adelante el texto. Explican en el PSOE que, por el momento, ni siquiera tienen constancia de que hayan arrancado las conversaciones de su socio de coalición con los grupos respecto al contenido de un decreto que aún no tiene fecha de convalidación en el Congreso. Y que, en cualquier caso, el recorrido de esas conversaciones es, en su opinión, nulo. “Nosotros estamos a favor de esas medidas, nos parecen necesarias y por eso el Gobierno las ha vuelto a aprobar, después de aplicarlas anteriormente. Pero las habas están contadas y tenemos la certeza de que el PP, Vox y Junts las van a tumbar, porque nos lo han dicho claramente”, sostienen en las filas socialistas, donde apostillan que, si la negociación con la derecha es imposible, con la izquierda ni siquiera hace falta. “No hace falta negociar con ERC, Bildu o Compromís ese decreto porque ya sabemos que lo apoyan. La clave, como tantas veces, es Junts. Y no pueden ser más claros en su rechazo”. Ese convencimiento del PSOE respecto a la postura de los independentistas catalanes, que en la práctica ya ejercen de fuerza de oposición en el Congreso desde hace meses salvo contadas excepciones, está de hecho en el origen del choque en el Consejo de Ministros extraordinario que protagonizaron los socios de coalición. El presidente del Gobierno y su equipo se cerraron en banda a incluir en el decreto de medidas económicas por la guerra de Irán el paquete de vivienda exigido por Sumar. Porque de hacerlo, defendieron entonces y sostienen aún hoy, todo el plan hubiera sido rechazado por el Congreso, que hubiera tumbado la rebaja fiscal a los combustibles o la prórroga al bono social eléctrico y térmico. Los socialistas aseguran que “respetan” las estrategias políticas de sus socios y que no pondrán ningún tipo de trabas al intento de Sumar de apropiarse de la defensa de un decreto cuyas medidas están en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Entre otras cosas, el texto permite una prórroga legal de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2027, de los contratos de alquiler que finalicen a partir del 21 de marzo. Algo de lo que pueden beneficiarse hasta 2,6 millones de inquilinos y un millón de hogares a los que les aplicaría la limitación de la actualización de la renta.

0
e
elDiario.es - Política
Nunca es buen momento para Cospedal en el caso Kitchen
Política
🇪🇸
...
9 MIN LECTURA

Nunca es buen momento para Cospedal en el caso Kitchen

El tribunal rechaza el cuarto intento de las acusaciones para que la exsecretaria general del PP sea investigada, así que Cospedal aterrizará en el juicio como testigo para volver a alejarse después de la X que ocupa Fernández Díaz, siempre que nadie utilice la vista para señalarla El tribunal de Kitchen rechaza investigar a Cospedal y al PP porque esa decisión correspondió al juez del caso resolvió este martes que la causa seguirá su curso sin retrotraerla a un punto donde María Dolores de Cospedal pudiera ser investigada. La magistrada Teresa Palacios explicó que la decisión sobre la imputación de Cospedal correspondería al juzgado de la Audiencia Nacional que instruyó el caso. Y como recordó, el juez Antonio Piña ha desestimado hace poco la pretensión que el PSOE reprodujo en la primera sesión del juicio.  Hasta el 23 de abril, que comparecerá en el juicio como testigo, Cospedal seguirá flotando en la atmósfera de Kitchen. Hasta ahora, las corrientes del caso han arrastrado a la expolítica desde la situación de imputada (apenas dos meses), a la de una ciudadana que ejerció su “derecho de reunión” con el comisario Villarejo (García Castellón dixit). Y de ahí, a testigo, dentro de la lista de comparecientes que el mismo juez validó en su auto de apertura de juicio oral, hace más de dos años. Mientras tanto, allí abajo, en el procedimiento judicial, Jorge Fernández Díaz sigue sentado encima de la X de Kitchen, justo donde las acusaciones llevan años queriendo que aterrice la antigua secretaria general del PP.  Para que eso termine ocurriendo, algo inesperado debe ocurrir en los próximos tres meses de juicio Kitchen. La investigación ha sido una lenta escalada en responsabilidades sobre quién ordenó montar un dispositivo de espionaje y robo de documentación a Luis Bárcenas con policías y dinero público.  La participación de los comisarios fue conocida de inmediato. Los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano introdujeron en su solicitud de registro a Villarejo en 2017 que se les permitiera requisar toda la documentación relacionada con la existencia de una organización criminal, sin tener que ceñirse a lo que hubiera sobre el proyecto King, el encargo que centraba las pesquisas. Aquel pequeño gesto, nada inocente, desató una tormenta sin precedentes. Se lo llevaron todo: cuarenta años de ilegalidades, incluida la “Operación Kitchen”.  En esa carpeta figuraba la propia implicación de Villarejo en el asunto del chófer de los Bárcenas. Y también la de Enrique García Castaño, 'El Gordo'. Este decidió que ese marrón no se lo iba a comer. A principios de 2019, confesó a los fiscales que el encargo del espionaje a Bárcenas partió del director operativo de la Policía y del secretario de Estado de Seguridad. Y el secretario de Estado de Seguridad, cuando se vio acorralado, afloró los mensajes que implicaban al ministro del Interior. Y cuando las grabaciones de Villarejo, las anotaciones en su agenda y los mensajes de Francisco Martínez atraían a Cospedal hacia la X del caso, el juez García Castellón congeló la imagen: dio el caso por investigado y propuso mandarlo a juicio.  Después se conocerían más audios de Cospedal con Villarejo. El último de ellos lo reveló elDiario.es hace cuatro meses. En él, la secretaria general del PP se queja al comisario, en 2013, de que tiene acceso a los informes policiales sobre la caja B del PP solo un día antes que el juez. No tuvo consecuencias. El juez Piña, sustituto de García Castellón, no vio motivo para cambiar su situación. Y Cospedal siguió flotando en la atmósfera de Kitchen.  De aquí a finales de junio se conocerá si alguien decide 'aterrizar' a Cospedal. Un acusado, quizá un testigo... Francisco Martínez amagó en las reflexiones que escribió en su móvil y en los mensajes que mandaba, pero luego se retractó. No hay noticias de que planee dinamitar el juicio. Hubo una vez que un juicio albergó un terremoto. Paco Camps había escapado del caso de la financiación irregular del PP valenciano. Hasta que en la vista oral, en 2018, Ricardo Costa se plantó ante el tribunal y reconoció la entrada de dinero negro en el partido. Costa señaló a Camps como “máximo responsable” de aquella operativa. El juez De la Mata, que aún instruía el caso Gürtel, imputó al expresidente de la Generalitat una pieza que aún seguía abierta. Con el tiempo, Camps también se libraría de esa acusación.  Un instante de 2021 concreta la indefinición de Cospedal en este caso. Ocurrió el 2 de junio de 2021. Ella entra en escena por la izquierda del espectador caminando por un pasillo del Congreso de los Diputados. Dobla una esquina y se topa con el vacío. Nadie la espera pese a que estaba convocada para declarar en la comisión de investigación del caso Kitchen. No sale de su asombro. Esa mañana había trascendido su imputación, una decisión que García Castellón había tomado el día anterior, ocho meses después de que la Fiscalía Anticorrupción se lo pidiera. Nadie había llamado a Cospedal para avisarla de que su comparecencia quedaba suspendida. Y ella se quedó allí, flotando en la indefinición de un compareciente sin comisión. Cospedal: ¿No hay reunión ni hay nadie aquí? Periodista: Ha sido aplazada la comi… (sic). Cospedal: ¿Cómo que ha sido aplazada? Periodista: Nosotros nos hemos enterado por los grupos… Cospedal: Pues me parece muy bien que ustedes se hayan enterado, pero yo soy la convocada y no me he enterado.

0
e
elDiario.es - Política
Nunca es buen momento para Cospedal en el caso Kitchen
Política
🇪🇸
...
14 MIN LECTURA

Nunca es buen momento para Cospedal en el caso Kitchen

El tribunal rechaza el cuarto intento de las acusaciones para que la exsecretaria general del PP sea investigada, así que Cospedal aterrizará en el juicio como testigo para volver a alejarse después de la X que ocupa Fernández Díaz El tribunal de Kitchen rechaza investigar a Cospedal y al PP porque esa decisión correspondió al juez del caso resolvió este martes que la causa seguirá su curso sin retrotraerla a un punto donde María Dolores de Cospedal pudiera ser investigada. La magistrada Teresa Palacios explicó que la decisión sobre la imputación de Cospedal correspondería al juzgado de la Audiencia Nacional que instruyó el caso. Y como recordó, el juez Antonio Piña ha desestimado hace poco la pretensión que el PSOE reprodujo en la primera sesión del juicio. Hasta el 23 de abril, que comparecerá en el juicio como testigo, Cospedal seguirá flotando en la atmósfera de Kitchen. Hasta ahora, las corrientes del caso han arrastrado a la expolítica desde la situación de imputada (apenas dos meses), a la de una ciudadana que ejerció su “derecho de reunión” con el comisario Villarejo (García Castellón dixit). Y de ahí, a testigo, dentro de la lista de comparecientes que el mismo juez validó en su auto de apertura de juicio oral, hace más de dos años. Mientras tanto, allí abajo, en el procedimiento judicial, Jorge Fernández Díaz sigue sentado encima de la X de Kitchen, justo donde las acusaciones llevan años queriendo que aterrice la antigua secretaria general del PP. Para que eso termine ocurriendo, algo inesperado debe ocurrir en los próximos tres meses de juicio Kitchen. La investigación ha sido una lenta escalada en responsabilidades sobre quién ordenó montar un dispositivo de espionaje y robo de documentación a Luis Bárcenas con policías y dinero público. La participación de los comisarios fue conocida de inmediato. Los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano introdujeron en su solicitud de registro a Villarejo en 2017 que se les permitiera requisar toda la documentación relacionada con la existencia de una organización criminal, sin tener que ceñirse a lo que hubiera sobre el proyecto King, el encargo que centraba las pesquisas. Aquel pequeño gesto, nada inocente, desató una tormenta sin precedentes. Se lo llevaron todo: cuarenta años de ilegalidades, incluida la “Operación Kitchen”. En esa carpeta figuraba la propia implicación de Villarejo en el asunto del chófer de los Bárcenas. Y también la de Enrique García Castaño, 'El Gordo'. Este decidió que ese marrón no se lo iba a comer. A principios de 2019, confesó a los fiscales que el encargo del espionaje a Bárcenas partió del director operativo de la Policía y del secretario de Estado de Seguridad. Y el secretario de Estado de Seguridad, cuando se vio acorralado, afloró los mensajes que implicaban al ministro del Interior. Y cuando las grabaciones de Villarejo, las anotaciones en su agenda y los mensajes de Francisco Martínez atraían a Cospedal hacia la X del caso, el juez García Castellón congeló la imagen: dio el caso por investigado y propuso mandarlo a juicio. Después se conocerían más audios de Cospedal con Villarejo. El último de ellos lo reveló elDiario.es hace cuatro meses. En él, la secretaria general del PP se queja al comisario, en 2013, de que tiene acceso a los informes policiales sobre la caja B del PP solo un día antes que el juez. No tuvo consecuencias. El juez Piña, sustituto de García Castellón, no vio motivo para cambiar su situación. Y Cospedal siguió flotando en la atmósfera de Kitchen. De aquí a finales de junio se conocerá si alguien decide 'aterrizar' a Cospedal. Un acusado, quizá un testigo... Francisco Martínez amagó en las reflexiones que escribió en su móvil y en los mensajes que mandaba, pero luego se retractó. No hay noticias de que planee dinamitar el juicio. Hubo una vez que un juicio albergó un terremoto. Paco Camps había escapado del caso de la financiación irregular del PP valenciano. Hasta que en la vista oral, en 2018, Ricardo Costa se plantó ante el tribunal y reconoció la entrada de dinero negro en el partido. Costa señaló a Camps como “máximo responsable” de aquella operativa. El juez De la Mata, que aún instruía el caso Gürtel, imputó al expresidente de la Generalitat una pieza que aún seguía abierta. Con el tiempo, Camps también se libraría de esa acusación. Un instante de 2021 concreta la indefinición de Cospedal en este caso. Ocurrió el 2 de junio de 2021. Ella entra en escena por la izquierda del espectador caminando por un pasillo del Congreso de los Diputados. Dobla una esquina y se topa con el vacío. Nadie la espera pese a que estaba convocada para declarar en la comisión de investigación del caso Kitchen. No sale de su asombro. Esa mañana había trascendido su imputación, una decisión que García Castellón había tomado el día anterior, ocho meses después de que la Fiscalía Anticorrupción se lo pidiera. Nadie había llamado a Cospedal para avisarla de que su comparecencia quedaba suspendida. Y ella se quedó allí, flotando en la indefinición de un compareciente sin comisión. Cospedal: ¿No hay reunión ni hay nadie aquí? Periodista: Ha sido aplazada la comi… (sic). Cospedal: ¿Cómo que ha sido aplazada? Periodista: Nosotros nos hemos enterado por los grupos… Cospedal: Pues me parece muy bien que ustedes se hayan enterado, pero yo soy la convocada y no me he enterado.

Cortex AI
e
elDiario.es - Política
La historia de amor de Ábalos pasa a ser una supuesta trama de espionaje
Política
🇪🇸
...
12 MIN LECTURA

La historia de amor de Ábalos pasa a ser una supuesta trama de espionaje

La defensa de Ábalos y Koldo García pega un volantazo en pleno juicio del Caso Mascarillas insinuando que Jésica Rodríguez, que fue pareja del exministro, se dedicaba a la prostitución o que era una infiltrada de Aldama La expareja de Ábalos reconoce en el juicio que cobró un sueldo de dos empresas públicas sin ir a trabajar Love Story. Con el juicio del caso Mascarillas podríamos añadir otra máxima de obligado cumplimiento: amor significa no llamar puta a tu exnovia a través de tu abogado en el juicio para el que te piden una pena de cárcel. Es una situación complicada, te juegas años de tu futuro, pero estaría bien que no parezca que la que fue tu pareja durante unos años ofrecía sexo por dinero y había colaborado con el enemigo. Claro que un juicio es como una guerra y hay que ganar como sea. En la primera jornada del juicio que cuenta con José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor Aldama como acusados no se habló mucho de compra de mascarillas y sí de las relaciones personales del exministro con su antigua pareja, Jésica Rodríguez, y de la labor de Koldo García como intermediario para todo. La sorpresa saltó cuando los abogados de Ábalos y Koldo mostraron sus cartas con la intención de desacreditar a la exnovia. Y lo hicieron a lo grande para intentar que la joven apareciera como un instrumento de los manejos de Aldama. El juicio por una presunta corrupción económica se convirtió de repente en un tabloide sensacionalista –es cierto que sin demasiados detalles– con titulares escandalosos en forma de preguntas. Esto último quiere decir que los abogados de ambos no presentaron ninguna prueba para sustentar sus alegaciones. Fue Marino Turiel, defensor de Ábalos, el que abrió fuego. En primer lugar, intentó con varias preguntas sugerir que Jésica conocía con anterioridad al comisionista Aldama, que se presenta como gran ariete contra el Gobierno y específicamente contra Ábalos. La joven ya había dejado claro a preguntas anteriores que nunca conoció personalmente a Aldama. Fue entonces cuando Turiel subió la presión: “¿No es cierto que usted es una captación que realiza el señor Aldama en provecho del señor Ábalos?”. La conspiración empezaba a tormar forma. De inmediato soltó la bomba con una acusación directa: “¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?”. El letrado de la acusación popular intervino para protestar. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, hizo lo propio para pedir que se reformulara la pregunta sin llegar a decir si le parecía apropiada o no. Puestos a reformular, el abogado del exministro volvió a hacer la misma pregunta, pero con otras palabras. “¿Su profesión tiene que ver con el intercambio de relaciones sexuales?”. No le pareció un cambio suficiente al juez Arrieta, pero Jésica Rodríguez se adelantó sin ponerse nerviosa: “Yo le contesto. No. Soy dentista y estoy colegiada”. Resultaba inaudito que la persona a la que Ábalos ha presentado siempre como su novia –o amante, porque por entonces aún estaba casado con la que era su tercera mujer–, una persona con la que tenía una relación sentimental normal, apareciera como una prostituta o, algo peor, una Mata Hari de bolsillo infiltrada para seducir a un importante político que controlaba el presupuesto del Ministerio de Transportes. No cabe duda de que Ábalos y su ayudante para todo han cambiado de estrategia jurídica una vez comenzado el juicio. Esto raramente suele funcionar, en especial si no cuentas con una prueba mágica que aparece de repente, como en las películas, y desbarata la estrategia de la acusación. Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, intervino después. Su labor, evidentemente coordinada con el defensor de Ábalos, no consistió esta vez en acusar a Jésica de ser una puta, pero sí en volver a insinuar sus relaciones con Aldama. Le preguntó si había hablado con alguien durante la comida. La joven había sido convocada para declarar por la mañana, pero la sesión se prolongó y su intervención tuvo que aplazarse hasta las 15.30. Para negarlo, Jésica Rodríguez contó que nadie le había ofrecido ni una botella de agua en la espera y que en el receso para comer sólo había bajado para sacar una bolsa de frutos secos de la máquina. “Luego, he pasado dos horas en un banco”. En el colmo de la provocación, De la Hoz saltó poco después con varios comentarios que estaban fuera de lugar. Hizo una pregunta que casi sonaba a cachondeo, si “conocía el término 'excusatio non petita, accusatio manifesta'”. El magistrado Arrieta la frenó en seco. La abogada siguió en esa línea. “Tiene usted dotes adivinatorias”, dijo a la testigo. Cuando Jésica volvió a afirmar que no conoce de nada a Aldama, la abogada comentó: “Muy curioso”. Ya no se trataba ni de hacer preguntas. Antes, Jésica Rodríguez dijo que tuvo relaciones sentimentales con Ábalos desde septiembre de 2018 hasta noviembre de 2019. Lo dejó cuando el exministro le dijo que no se iba a divorciar de su mujer mientras estuviera en política. Para compensarle, Ábalos le dejó quedarse en un apartamento en Madrid cuyo alquiler costaba 2.500 euros al mes. Lo pagó hasta finales de 2021 Luis Alberto Escolano, socio de Aldama. Ella dijo que al final era Ábalos quien lo costeaba, lo que no parece cierto. En un periodo anterior de cuatro meses, Escolano dejó de pagar. Jésica dijo que Koldo García lo costeó. Escolano lo negó y dijo que pidió a su mujer que lo hiciera. Por entonces, la joven dependía económicamente de Ábalos. Era estudiante universitaria hasta que el exministro le consiguió un trabajo en la empresa pública Ineco. Un empleo de auxiliar administrativa no muy exigente, porque se limitaba a hacer lo que le encargaba Joseba García, hermano de Koldo. El fiscal le preguntó por María Dolores Tapia y ella dijo que no la conocía. “Era su superiora en Ineco. Bueno, no tiene que recordarla si no trabajaba”. No hubo casi nada en su testimonio que beneficiara claramente a Ábalos y Koldo. Se confirmó que había recibido favores económicos del exministro por ser su pareja en forma de un apartamento de lujo y un empleo que no le obligaba a nada. Los dos acusados lo tendrán difícil para probar que todo eso lo pagaron con sus ingresos. Ahora las preguntas de sus abogados revelan que van a ofrecer al tribunal una conspiración en que la joven novia era una espía colocada por Aldama. Suena excitante como parte de la trama de una película, aunque está por ver cuántos aficionados al cine negro hay en el Tribunal Supremo.

0
e
elDiario.es - Política
La historia de amor de Ábalos pasa a ser una supuesta trama de espionaje
Política
🇪🇸
...
18 MIN LECTURA

La historia de amor de Ábalos pasa a ser una supuesta trama de espionaje

La defensa de Ábalos y Koldo García pega un volantazo en pleno juicio del Caso Mascarillas insinuando que Jésica Rodríguez, que fue pareja del exministro, se dedicaba a la prostitución o que era una infiltrada de Aldama La expareja de Ábalos reconoce en el juicio que cobró un sueldo de dos empresas públicas sin ir a trabajar que fue Love Story. Con el juicio del caso Mascarillas podríamos añadir otra máxima de obligado cumplimiento: amor significa no llamar puta a tu exnovia a través de tu abogado en el juicio en el que te piden una pena de cárcel. Es una situación complicada, te juegas años de tu futuro, pero estaría bien que no parezca que la que fue tu pareja durante unos años ofrecía sexo por dinero y había colaborado con el enemigo. Claro que un juicio es como una guerra y hay que ganar como sea. En la primera jornada del juicio que cuenta con José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor Aldama como acusados no se habló mucho de compra de mascarillas y sí de las relaciones personales del exministro con su antigua pareja, Jésica Rodríguez, y de la labor de Koldo García como intermediario para todo. La sorpresa saltó cuando los abogados de Ábalos y Koldo mostraron sus cartas con la intención de desacreditar a la exnovia. Y no se cortaron nada al intentar que la joven apareciera como un instrumento de las maniobras de Aldama. Al igual que en el juicio del fiscal general, el Tribunal Supremo ha prohibido que los medios de comunicación ofrezcan en directo la retransmisión del juicio. Sólo pueden recibir las imágenes en la redacción y utilizarlas para sus informaciones. El tribunal autorizó que las cámaras de la sala no enfocaran a Jésica en su declaración como testigo para proteger su intimidad, como había solicitado. Al entrar al Supremo, la joven llevaba mascarilla y gafas de sol. El juicio por una presunta corrupción económica se convirtió de repente en un tabloide sensacionalista –es cierto que sin demasiados detalles– con titulares escandalosos en forma de preguntas. Esto último quiere decir que los abogados de ambos no presentaron ninguna prueba para sustentar sus alegaciones. Fue Marino Turiel, defensor de Ábalos, el que abrió fuego. En primer lugar, intentó con varias preguntas sugerir que Jésica conocía con anterioridad al comisionista Aldama, que se presenta como gran ariete contra el Gobierno y específicamente contra Ábalos. La joven ya había dejado claro a preguntas anteriores que nunca conoció personalmente a Aldama. Puestos a reformular, el abogado del exministro volvió a hacer la misma pregunta, pero con otras palabras. “¿Su profesión tiene que ver con el intercambio de relaciones sexuales?”. No le pareció un cambio suficiente al juez Arrieta, pero Jésica Rodríguez se adelantó sin ponerse nerviosa: “Yo le contesto. No. Soy dentista y estoy colegiada”. Resultaba inaudito que la persona a la que Ábalos ha presentado siempre como su novia –o amante, porque por entonces aún estaba casado con la que era su tercera mujer–, una persona con la que tenía una relación sentimental normal, apareciera como una prostituta o, algo peor, una Mata Hari de bolsillo infiltrada para seducir a un importante político que controlaba el presupuesto del Ministerio de Transportes. No cabe duda de que Ábalos y su ayudante para todo han cambiado de estrategia jurídica una vez comenzado el juicio. Esto raramente suele funcionar, en especial si no cuentas con una prueba mágica que aparece de repente, como en las películas, y desbarata la estrategia de la acusación. Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, intervino después. Su labor, evidentemente coordinada con el defensor de Ábalos, no consistió esta vez en acusar a Jésica de ser una puta, pero sí en volver a insinuar sus relaciones con Aldama. Le preguntó si había hablado con alguien durante la comida para que le contara lo que había testificado antes el hermano de Koldo. Otra insinuación para ver si la testigo se ponía nerviosa. La joven había sido convocada para declarar por la mañana, pero la sesión se prolongó y su intervención tuvo que aplazarse hasta las 15.30. Para negarlo, Jésica Rodríguez contó que nadie le había ofrecido ni una botella de agua en la espera y que en el receso para comer sólo había bajado para sacar una bolsa de frutos secos de la máquina. “Luego, he pasado dos horas en un banco”. En lo que parecía una provocación, De la Hoz saltó poco después con varios comentarios que estaban fuera de lugar. Hizo una pregunta que casi sonaba a cachondeo, si “conocía el término 'excusatio non petita, accusatio manifesta'”. El magistrado Arrieta la frenó en seco. La abogada siguió en esa línea. “Tiene usted dotes adivinatorias”, dijo a la testigo, lo que es llamativo viniendo de una abogada que estaba haciendo preguntas especulativas. Cuando Jésica volvió a afirmar que no conoce de nada a Aldama, la abogada comentó: “Muy curioso”. Ya no se trataba ni de hacer preguntas, sino de sembrar la duda. Antes, Jésica Rodríguez dijo que tuvo relaciones sentimentales con Ábalos desde septiembre de 2018 hasta noviembre de 2019. Lo dejó cuando el exministro le dijo que no se iba a divorciar de su mujer mientras estuviera en política. Para compensarle, Ábalos le dejó quedarse en un apartamento en Madrid cuyo alquiler costaba 2.500 euros al mes. Lo pagó hasta finales de 2021 Luis Alberto Escolano, socio de Aldama. Ella dijo que al final era Ábalos quien lo costeaba, lo que no parece cierto. En un periodo anterior de cuatro meses, Escolano dejó de pagar. Jésica dijo que Koldo García lo abonó. En su declaración posterior, Escolano lo negó y dijo que pidió a su mujer que lo hiciera. Por entonces, la joven dependía económicamente de Ábalos. Era estudiante universitaria hasta que el exministro le consiguió un trabajo en la empresa pública Ineco. Un empleo de auxiliar administrativa no muy exigente, porque se limitaba a hacer lo que le encargaba Joseba García, hermano de Koldo. El fiscal le preguntó por María Dolores Tapia y ella dijo que no la conocía. “Era su superiora en Ineco. Bueno, no tiene que recordarla si no trabajaba”. No hubo casi nada en su testimonio que beneficiara claramente a Ábalos y Koldo. Se confirmó que había recibido favores económicos del exministro por ser su pareja en forma de un apartamento de lujo y un empleo que no le obligaba a nada. Los dos acusados lo tendrán difícil para probar que todo eso lo pagaron con sus ingresos. Con el giro observado en la sesión del martes, las preguntas de sus abogados revelan que van a ofrecer al tribunal una conspiración en que la joven novia era algo así como una espía colocada por Aldama. Suena excitante como parte de la trama de una película, aunque está por ver cuántos aficionados al cine negro hay en el Tribunal Supremo.

Cortex AI
e
elDiario.es - Política
Albares dice que España rechazó acudir a las reuniones para desbloquear Ormuz porque apuesta por la "desescalada"
Política
🇪🇸
...
6 MIN LECTURA

Albares dice que España rechazó acudir a las reuniones para desbloquear Ormuz porque apuesta por la "desescalada"

"No vamos a participar ni a hacer nada que escale el esfuerzo de guerra en una guerra que no le vemos ningún objetivo y que está teniendo consecuencias muy graves", asegura el ministro de Exteriores en el Senado Qué es el estrecho de Ormuz y por qué es crucial para el suministro de petróleo esta guerra. Nosotros estamos en la desescalada y en la negociación”. Así ha explicado este martes José Manuel Albares la ausencia de España en la cumbre convocada por el Reino Unido con líderes internacionales para “evaluar todas las medidas diplomáticas y políticas viales” el bloqueo del estrecho de Ormuz por el conflicto de Irán. La cita se produjo el pasado jueves y fue presidida por la titular de Exteriores británica, Yvette Cooper, y a ella acudieron una cuarentena de países. “Hoy contamos con ministros de Exteriores y representantes de más de 40 países para debatir sobre el estrecho de Ormuz, el impacto del cierre, la urgente necesidad de restablecer la libertad de navegación para el transporte marítimo internacional y la firme determinación internacional de lograr la reapertura del estrecho”, manifestó Cooper. Por el estrecho de Ormuz, que Irán ha cerrado en respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos, pasa una buena parte del suministro global de petróleo, y muchos países buscan restablecer la navegación. A la cita no asistió tampoco Estados Unidos. Sí lo hicieron representantes de Francia, Alemania, Países Bajos, Japón, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Chile o Emiratos Árabes Unidos. Esos trabajos han continuado este mismo martes con una reunión técnica, en parte presencial y en parte telemática, para evaluar cómo “mantener la seguridad del transporte marítimo a largo plazo”, lo que incluirá el posible envío de efectivos para la limpieza de minas en ese paso estratégico del golfo Pérsico. Albares ya anticipó el lunes el motivo de la ausencia de España. En una entrevista en TVE, el ministro español de Exteriores dio una respuesta similar. “España decidió no sumarse porque no va a estar en ninguna reunión en la que se pueda debatir cualquier tipo de intervención de fuerza o de seguridad que pueda escalar esta guerra”, aseguró. “No vamos a participar ni a hacer nada que escale el esfuerzo de guerra en una guerra que no le vemos ningún objetivo y que está teniendo consecuencias muy graves”, añadió. Este martes, Albares ha defendido la posición española contraria a la intervención militar de EE UU e Israel contra Irán. “Nunca España ha tenido una política tan aplaudida por el mundo entero”, ha sostenido el ministro de Exteriores. “Todos nuestros homólogos árabes dicen muy claramente que España está salvando la dignidad de Europa”, ha asegurado. “España y su política exterior están salvando la dignidad de Europa. Por eso tenemos unas relaciones de amistad con Marruecos que ustedes tanto detestan, únicas en nuestra historia, con un récord de comercio internacional. Por eso he hecho un viaje a Argelia en el que se ha garantizado el incremento del suministro de gas. Ustedes que difamaba en Argelia diciendo que nos iban a quitar el gas. Por eso hemos conseguido un tratado sobre Gibraltar que garantiza la esperanza y el futuro de 300.000 andaluces y 15.000 trabajadores que ustedes quieren boicotear. Por eso tenemos el primer tratado de amistad y cooperación con Francia, que ustedes no votaron a favor”, ha concluido Albares.

0
e
elDiario.es - Política
Albares dice que España rechazó acudir a las reuniones para desbloquear Ormuz porque apuesta por la "desescalada"
Política
🇪🇸
...
12 MIN LECTURA

Albares dice que España rechazó acudir a las reuniones para desbloquear Ormuz porque apuesta por la "desescalada"

"No vamos a participar ni a hacer nada que escale el esfuerzo de guerra en una guerra que no le vemos ningún objetivo y que está teniendo consecuencias muy graves", asegura el ministro de Exteriores en el Senado Qué es el estrecho de Ormuz y por qué es crucial para el suministro de petróleo esta guerra. Nosotros estamos en la desescalada y en la negociación”. Así ha explicado este martes José Manuel Albares la ausencia de España en la cumbre convocada por el Reino Unido con líderes internacionales para “evaluar todas las medidas diplomáticas y políticas viales” el bloqueo del estrecho de Ormuz por el conflicto de Irán. La cita se produjo el pasado jueves y fue presidida por la titular de Exteriores británica, Yvette Cooper, y a ella acudieron una cuarentena de países. “Hoy contamos con ministros de Exteriores y representantes de más de 40 países para debatir sobre el estrecho de Ormuz, el impacto del cierre, la urgente necesidad de restablecer la libertad de navegación para el transporte marítimo internacional y la firme determinación internacional de lograr la reapertura del estrecho”, manifestó Cooper. Por el estrecho de Ormuz, que Irán ha cerrado en respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos, pasa una buena parte del suministro global de petróleo, y muchos países buscan restablecer la navegación. A la cita no asistió tampoco Estados Unidos. Sí lo hicieron representantes de Francia, Alemania, Países Bajos, Japón, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Chile o Emiratos Árabes Unidos. Esos trabajos han continuado este mismo martes con una reunión técnica, en parte presencial y en parte telemática, para evaluar cómo “mantener la seguridad del transporte marítimo a largo plazo”, lo que incluirá el posible envío de efectivos para la limpieza de minas en ese paso estratégico del golfo Pérsico. Albares ya anticipó el lunes el motivo de la ausencia de España. En una entrevista en TVE, el ministro español de Exteriores dio una respuesta similar. “España decidió no sumarse porque no va a estar en ninguna reunión en la que se pueda debatir cualquier tipo de intervención de fuerza o de seguridad que pueda escalar esta guerra”, aseguró. “No vamos a participar ni a hacer nada que escale el esfuerzo de guerra en una guerra que no le vemos ningún objetivo y que está teniendo consecuencias muy graves”, añadió. Este martes, Albares ha defendido la posición española contraria a la intervención militar de EE UU e Israel contra Irán. “Nunca España ha tenido una política tan aplaudida por el mundo entero”, ha sostenido el ministro de Exteriores. “Todos nuestros homólogos árabes dicen muy claramente que España está salvando la dignidad de Europa”, ha asegurado. “España y su política exterior están salvando la dignidad de Europa. Por eso tenemos unas relaciones de amistad con Marruecos que ustedes tanto detestan, únicas en nuestra historia, con un récord de comercio internacional. Por eso he hecho un viaje a Argelia en el que se ha garantizado el incremento del suministro de gas. Ustedes que difamaba en Argelia diciendo que nos iban a quitar el gas. Por eso hemos conseguido un tratado sobre Gibraltar que garantiza la esperanza y el futuro de 300.000 andaluces y 15.000 trabajadores que ustedes quieren boicotear. Por eso tenemos el primer tratado de amistad y cooperación con Francia, que ustedes no votaron a favor”, ha concluido Albares.

Cortex AI
e
elDiario.es - Política
La expareja de Ábalos reconoce en el juicio que cobró un sueldo de dos empresas públicas sin ir a trabajar
Política
🇪🇸
...
17 MIN LECTURA

La expareja de Ábalos reconoce en el juicio que cobró un sueldo de dos empresas públicas sin ir a trabajar

Jésica Rodríguez afirma que el exministro se sentía “culpable” porque no cumplió las “promesas” que le había hecho y que por eso siguió pagando sus gastos cuando acabó su relación El hijo de Ábalos niega ser el “custodio” del dinero de su padre: “Lo que le he dado es de mis ingresos” Jésica Rodríguez, quien era la pareja de José Luis Ábalos, ha asegurado ante los magistrados del Tribunal Supremo que estuvo contratada durante dos años y medio en dos empresas públicas —Ineco y Tragsatec—, pero que no llegó a realizar tarea alguna y que el entonces ministro era conocedor de esa situación. “El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y cuando dejamos de ser pareja seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban”, ha aseverado. Su contratación en un ente dependiente del Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos y otro de la SEPI es uno de los elementos sobre los que pivota la acusación contra el exministro. Según la investigación, el exasesor Koldo García, siguiendo instrucciones directas de Ábalos, presionó a la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, para que fuera contratada en esas dos empresas públicas entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. Durante el interrogatorio, Jésica Rodríguez ha admitido que fue contratada en Ineco después de que se lo recomendara el político para que “cotizara algo” mientras estudiaba: “Yo realmente no tenía ni idea, no sabía ni que Ineco fuera empresa pública ni nada”. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, le ha preguntado sobre detalles de ese contrato en la empresa tecnológica y ella ha explicado que Koldo García le indicó que debía estar siempre a las órdenes de su hermano, Joseba García. “Tuve una reunión con Joseba en Chamartín, me enseñó la oficina, nos tomamos un café, le dije que si necesitaba ayuda, dijo que no y me fui a casa”, ha recordado para luego añadir que en realidad no fue a la entrevista a la que le citaron en Ineco para pasar la selección porque con anterioridad ya había mantenido otra en la que estuvo presente Koldo García y “un señor”. Además, ha confirmado, como hizo durante su declaración en la fase de instrucción, que si bien el contrato era en Ineco, ella “no trabajaba en Ineco” y ha recordado que sólo rellenó algún parte de asistencia. “Hubo una vez que como habíamos empezado la jornada de verano yo seguí poniendo horas porque nadie me dijo que habíamos cambiado de jornada”. Sobre su trabajo en la segunda empresa pública, Tragsatec, ha lamentado no recordar nada: “No conocía a nadie y el cargo era el mismo, trabajar para el señor Joseba”, ha explicado ante lo que ha señalado Luzón que en esa empresa no trabajaba Joseba García. “De Tragsatec es que no recuerdo nada”, ha apuntado excusándose en el momento vital que vivía. “¿Cobraba y no iba a trabajar?”, le ha preguntado el abogado de Ábalos. “Cobraba y estaba a la espera de que Joseba o Koldo me dijeran lo que tenía que hacer”, ha respondido la testigo. Este martes también han declarado en calidad de testigos dos personas que tuvieron vinculación con esa empresa pública. La primera de ellas, Virginia Barbancho, responsable encargada de controlar en 2021 si Jésica Rodríguez fichaba en Tragsatec, ha explicado que cuando vio que no completaba ni siquiera el fichaje en el teletrabajo y tras perseguirla como si jugaran “al gato y el ratón” elevó el problema a sus superiores y estos le recomendaron que “la dejara en paz”. Ha confirmado así lo que ya mantuvo durante su declaración en instrucción, que se percató de que ella no trabajaba y que le conminaron a que no interviniera, algo que nunca le había pasado antes. A preguntas del fiscal ha explicado que ella también intervino en el proceso de contratación de Jésica Rodríguez en esa empresa y que cuando le pusieron sobre la mesa ese nombre por parte de Adif, le advirtieron de que era la sobrina de un asesor del ministro llamado Koldo. A ella eso no le importó dado que cumplía con los requisitos exigidos. Pero las alarmas saltaron cuando una vez ya dentro, le comenta el representante de Adif —empresa cliente para la que se contrataba—, Ignacio Zaldívar, que era sobrina del ministro. “Y ahí es cuando empiezo a preocuparme porque recordaba que me había dicho que era sobrina del asesor. Un mes después me dice que del ministro, y o Jésica tiene muchos tíos o yo no entendía nada”, ha comentado. En su relato de hechos ha añadido que también trasladó al cliente Adif que esa persona no trabajaba y que le respondieron que desde la Presidencia de Adif, que entonces ostentaba Isabel Pardo de Vera, le insistieron en que la dejara de molestar. Por su parte, Alberto Fernández Blasco, quien fuera responsable de asesoría jurídica de Tragsatec ha señalado que en el contrato de Jésica Rodríguez -pareja del exministro José Luis Ábalos- para esa empresa pública el fallo no fue que fichara o no durante su teletrabajo, sino que ese problema detectado no se escaló debidamente a los superiores y que nadie controló o monitorizó su día a día. Así se ha pronunciado a preguntas de la defensa de Koldo García que quería saber si funcionó adecuadamente el código ético de esa empresa para poner el foco en que Tragsatec podría ser responsable penalmente en el asunto. Ha explicado que, si bien no era habitual que se contratara a personal proveniente de Ineco (otra empresa en la que fue presuntamente ‘enchufada’) en su caso el procedimiento cumplió con los requisitos. El alquiler de lujo en el centro de Madrid Por otro lado, la mujer ha revelado que Ábalos siguió pagando sus gastos tiempo después de que su relación se hubiera acabado. Según su testimonio, el exministro “se sentía culpable” porque le hizo cambiar su “estilo de vida” y “no cumplió las promesas” de divorciarse que le había hecho y que por eso permitió que se quedara en el piso de lujo en el centro de Madrid que pagaba el empresario Víctor de Aldama a pesar de que la relación entre ambos se había acabado. “Creo que él se sentía culpable porque me hizo cambiar mi estilo de vida cuando era feliz y no cumplió las promesas que me había hecho. Se sintió como en deuda, yo pienso, y por eso me dejó en el piso, pero nada más”, ha dicho la mujer a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Según Jésica Rodríguez la relación se acabó en noviembre de 2019 porque él iba a continuar en su “vida paralela” y ella “no estaba dispuesta”. Las pesquisas han acreditado que el empresario Víctor Aldama abonó hasta 32 mensualidades de ese alquiler: un total de 82.298,40 euros entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. Lo hizo a través de su supuesto testaferro, Luis Alberto Escolano, y de empresas de éste. El inmueble es un apartamento de lujo situado en el centro de Madrid por el que se pagaban 2.700 euros al mes. En la sesión de este martes también ha comparecido como testigo el propio Escolano, que ha reconocido que hizo esos pagos y que no le pareció “nada extraño” que el comisionista se lo pidiera. Ante el tribunal, Escolano ha afirmado que Aldama no le dio ninguna explicación sobre por qué tenía que abonar ese alquiler y que él tampoco se las pidió. “Es mi amigo, mi hermano, mi mejor cliente, pero sé dónde está la línea de la confianza porque no me gusta ser cotilla”, ha aseverado. Jésica Rodríguez: “No soy una inoportuna haciendo preguntas” “¿Por qué le pagaba Escolano su piso?”, le ha preguntado el abogado de Ábalos. “Igual que Koldo me pagó el móvil, Escolano era el tercer peldaño que me pagaba el piso”, ha respondido Jésica Rodríguez. “¿No le importaba de donde venía el dinero?”, ha insistido el abogado. “Nunca se me ha ocurrido ser una inoportuna haciendo esas preguntas”, ha reiterado la testigo. Tras reconocer esos pagos, el abogado le ha preguntado si en realidad era una prostituta que era pagada por el entorno de Aldama, pero el tribunal ha cortado esa pregunta al entender que no se había hecho de manera correcta. “Jésica, ¿su profesión tiene que ver con una contraprestación económica a cambio de sexo?”, ha repreguntado el letrado, a lo que ha contestado: “No, soy dentista y estoy colegiada”. Tras esto, el abogado de Ábalos ha insistido en ese asunto preguntando si en 2019, cuando estudiaba, se dedicaba a eso, y ella ha puntualizado que entonces era “azafata de imagen”.

Cortex AI
e
elDiario.es - Política
La expareja de Ábalos reconoce en el juicio que cobró un sueldo de dos empresas públicas sin ir a trabajar
Política
🇪🇸
...
12 MIN LECTURA

La expareja de Ábalos reconoce en el juicio que cobró un sueldo de dos empresas públicas sin ir a trabajar

Jésica Rodríguez afirma que el exministro se sentía “culpable” porque no cumplió las “promesas” que le había hecho y que por eso siguió pagando sus gastos cuando acabó su relación El hijo de Ábalos niega ser el “custodio” del dinero de su padre: “Lo que le he dado es de mis ingresos” Jésica Rodríguez, quien era la pareja de José Luis Ábalos, ha asegurado ante los magistrados del Tribunal Supremo que estuvo contratada durante dos años y medio en dos empresas públicas —Ineco y Tragsatec—, pero que no llegó a realizar tarea alguna y que el entonces ministro era conocedor de esa situación. “El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y cuando dejamos de ser pareja seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban”, ha aseverado. Su contratación en un ente dependiente del Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos y otro de la SEPI es uno de los elementos sobre los que pivota la acusación contra el exministro. Según la investigación, el exasesor Koldo García, siguiendo instrucciones directas de Ábalos, presionó a la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, para que fuera contratada en esas dos empresas públicas entre marzo de 2019 y septiembre de 2021.  Durante el interrogatorio, Jésica Rodríguez ha admitido que fue contratada en Ineco después de que se lo recomendara el político para que “cotizara algo” mientras estudiaba: “Yo realmente no tenía ni idea, no sabía ni que Ineco fuera empresa pública ni nada”. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, le ha preguntado sobre detalles de ese contrato en la empresa tecnológica y ella ha explicado que Koldo García le indicó que debía estar siempre a las órdenes de su hermano, Joseba García. “Tuve una reunión con Joseba en Chamartín, me enseñó la oficina, nos tomamos un café, le dije que si necesitaba ayuda, dijo que no y me fui a casa”, ha recordado para luego añadir que en realidad no fue a la entrevista a la que le citaron en Ineco para pasar la selección porque con anterioridad ya había mantenido otra en la que estuvo presente Koldo García y “un señor”. Además, ha confirmado, como hizo durante su declaración en la fase de instrucción, que si bien el contrato era en Ineco, ella “no trabajaba en Ineco” y ha recordado que sólo rellenó algún parte de asistencia. “Hubo una vez que como habíamos empezado la jornada de verano yo seguí poniendo horas porque nadie me dijo que habíamos cambiado de jornada”. Sobre su trabajo en la segunda empresa pública, Tragsatec, ha lamentado no recordar nada: “No conocía a nadie y el cargo era el mismo, trabajar para el señor Joseba”, ha explicado ante lo que ha señalado Luzón que en esa empresa no trabajaba Joseba García. “De Tragsatec es que no recuerdo nada”, ha apuntado excusándose en el momento vital que vivía. “¿Cobraba y no iba a trabajar?”, le ha preguntado el abogado de Ábalos. “Cobraba y estaba a la espera de que Joseba o Koldo me dijeran lo que tenía que hacer”, ha respondido la testigo. Este martes también han declarado en calidad de testigos dos personas que tuvieron vinculación con esa empresa pública. La primera de ellas, Virginia Barbancho, responsable encargada de controlar en 2021 si Jésica Rodríguez fichaba en Tragsatec, ha explicado que cuando vio que no completaba ni siquiera el fichaje en el teletrabajo y tras perseguirla como si jugaran “al gato y el ratón” elevó el problema a sus superiores y estos le recomendaron que “la dejara en paz”. Ha confirmado así lo que ya mantuvo durante su declaración en instrucción, que se percató de que ella no trabajaba y que le conminaron a que no interviniera, algo que nunca le había pasado antes. A preguntas del fiscal ha explicado que ella también intervino en el proceso de contratación de Jésica Rodríguez en esa empresa y que cuando le pusieron sobre la mesa ese nombre por parte de Adif, le advirtieron de que era la sobrina de un asesor del ministro llamado Koldo. A ella eso no le importó dado que cumplía con los requisitos exigidos. Pero las alarmas saltaron cuando una vez ya dentro, le comenta el representante de Adif —empresa cliente para la que se contrataba—, Ignacio Zaldívar, que era sobrina del ministro. “Y ahí es cuando empiezo a preocuparme porque recordaba que me había dicho que era sobrina del asesor. Un mes después me dice que del ministro, y o Jésica tiene muchos tíos o yo no entendía nada”, ha comentado. En su relato de hechos ha añadido que también trasladó al cliente Adif que esa persona no trabajaba y que le respondieron que desde la Presidencia de Adif, que entonces ostentaba Isabel Pardo de Vera, le insistieron en que la dejara de molestar. Por su parte, Alberto Fernández Blasco, quien fuera responsable de asesoría jurídica de Tragsatec ha señalado que en el contrato de Jésica Rodríguez -pareja del exministro José Luis Ábalos- para esa empresa pública el fallo no fue que fichara o no durante su teletrabajo, sino que ese problema detectado no se escaló debidamente a los superiores y que nadie controló o monitorizó su día a día. Así se ha pronunciado a preguntas de la defensa de Koldo García que quería saber si funcionó adecuadamente el código ético de esa empresa para poner el foco en que Tragsatec podría ser responsable penalmente en el asunto. Ha explicado que, si bien no era habitual que se contratara a personal proveniente de Ineco (otra empresa en la que fue presuntamente ‘enchufada’) en su caso el procedimiento cumplió con los requisitos. El alquiler de lujo en el centro de Madrid Por otro lado, la mujer ha revelado que Ábalos siguió pagando sus gastos tiempo después de que su relación se hubiera acabado. Según su testimonio, el exministro “se sentía culpable” porque le hizo cambiar su “estilo de vida” y “no cumplió las promesas” de divorciarse que le había hecho y que por eso permitió que se quedara en el piso de lujo en el centro de Madrid que pagaba el empresario Víctor de Aldama a pesar de que la relación entre ambos se había acabado.  “Creo que él se sentía culpable porque me hizo cambiar mi estilo de vida cuando era feliz y no cumplió las promesas que me había hecho. Se sintió como en deuda, yo pienso, y por eso me dejó en el piso, pero nada más”, ha dicho la mujer a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Según Jésica Rodríguez la relación se acabó en noviembre de 2019 porque él iba a continuar en su “vida paralela” y ella “no estaba dispuesta”.  Las pesquisas han acreditado que el empresario Víctor Aldama abonó hasta 32 mensualidades de ese alquiler: un total de 82.298,40 euros entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. Lo hizo a través de su supuesto testaferro, Luis Alberto Escolano, y de empresas de éste. El inmueble es un apartamento de lujo situado en el centro de Madrid por el que se pagaban 2.700 euros al mes. En la sesión de este martes también ha comparecido como testigo el propio Escolano, que ha reconocido que hizo esos pagos y que no le pareció “nada extraño” que el comisionista se lo pidiera. Ante el tribunal, Escolano ha afirmado que Aldama no le dio ninguna explicación sobre por qué tenía que abonar ese alquiler y que él tampoco se las pidió. “Es mi amigo, mi hermano, mi mejor cliente, pero sé dónde está la línea de la confianza porque no me gusta ser cotilla”, ha aseverado. Jésica Rodríguez: “No soy una inoportuna haciendo preguntas” “¿Por qué le pagaba Escolano su piso?”, le ha preguntado el abogado de Ábalos. “Igual que Koldo me pagó el móvil, Escolano era el tercer peldaño que me pagaba el piso”, ha respondido Jésica Rodríguez. “¿No le importaba de donde venía el dinero?”, ha insistido el abogado. “Nunca se me ha ocurrido ser una inoportuna haciendo esas preguntas”, ha reiterado la testigo. Tras reconocer esos pagos, el abogado le ha preguntado si en realidad era una prostituta que era pagada por el entorno de Aldama, pero el tribunal ha cortado esa pregunta al entender que no se había hecho de manera correcta. “Jésica, ¿su profesión tiene que ver con una contraprestación económica a cambio de sexo?”, ha repreguntado el letrado, a lo que ha contestado: “No, soy dentista y estoy colegiada”. Tras esto, el abogado de Ábalos ha insistido en ese asunto preguntando si en 2019, cuando estudiaba, se dedicaba a eso, y ella ha puntualizado que entonces era “azafata de imagen”.

0
e
elDiario.es - Política
Vito Quiles declara ante la jueza que cuando publicó datos privados de la presidenta de Red Eléctrica hacía "periodismo"
Política
🇪🇸
...
11 MIN LECTURA

Vito Quiles declara ante la jueza que cuando publicó datos privados de la presidenta de Red Eléctrica hacía "periodismo"

Corredor denunció que tras el gran apagón eléctrico el 28 de abril de 2025, Vito Quiles publicó en sus redes sociales la ubicación de su domicilio y fotografías del mismo y provocó que recibiera amenazas Una jueza imputa a Vito Quiles por difundir la dirección de la casa de la presidenta de Red Eléctrica En su querella, Corredor denunció que tras el gran apagón eléctrico el 28 de abril de 2025, Vito Quiles publicó en sus redes sociales la ubicación de su domicilio y fotografías del mismo, lo que vulneró su intimidad y seguridad. Eso provocó que empezara a recibir amenazas de usuarios de las redes sociales que llamaban a “quemarle la casa”, lo que le obligó a reforzar su seguridad y limitar sus salidas. El agitador ha contestado a las preguntas de todas las partes y ha sostenido que vertió una crítica sobre la máxima dirigente de Red Eléctrica porque permaneció en su casa en días posteriores al apagón y cree que es la responsable de ese incidente y “de la muertes que provocó”. Su letrado, Juan Gonzalo Ospina, ha dicho que Quiles lo hizo por afán periodístico y sin especificar “ningún dato de carácter íntimo de la misma”. Recientemente esta defensa ha aportado al juzgado documentos en los que “se demuestra que fueron vecinos de la señora Corredor los que informaron a Vito Quiles de que la misma no había salido el domicilio”. Por su parte Vito Quiles ha afirmado que es inocente y que se limitó a ejercer su trabajo como periodista porque la presidenta de Red Eléctrica Española “era responsable del apagón y de alguna manera no estaba asumiendo sus obligaciones como el cargo público que es”, y por el que cobra más de medio millón al año. En la querella presentada por los letrados de Beatriz Corredor se relata cómo Quiles publicó varios mensajes en la red social X y en su canal de Telegram (el 30 de abril y el 3 de mayo de 2025). En el primero de ellos criticaba que la presidenta de Red Eléctrica no acudía a su puesto de trabajo “pese a la magnitud de la crisis energética que enfrenta España”, en referencia al apagón ocurrido días antes, e incluía el nombre de la calle en la que residía. En otro mensaje criticaba que Corredor contratara “con fondos públicos” vigilantes de seguridad para “blindar” su calle, cuyo nombre repetía, según la querella, que sostiene que Quiles cometió acoso por “la vigilancia” y “persecución” que realizó junto al domicilio familiar de la exministra, cuya ubicación desveló “con el evidente ánimo de que sus seguidores dirijan frente a la Sra. Corredor una constante campaña de acoso y hostigamiento”.

Cortex AI
e
elDiario.es - Política
Vito Quiles declara ante la jueza que cuando publicó datos privados de la presidenta de Red Eléctrica hacía "periodismo"
Política
🇪🇸
...
5 MIN LECTURA

Vito Quiles declara ante la jueza que cuando publicó datos privados de la presidenta de Red Eléctrica hacía "periodismo"

Corredor denunció que tras el gran apagón eléctrico el 28 de abril de 2025, Vito Quiles publicó en sus redes sociales la ubicación de su domicilio y fotografías del mismo y provocó que recibiera amenazas Una jueza imputa a Vito Quiles por difundir la dirección de la casa de la presidenta de Red Eléctrica En su querella, Corredor denunció que tras el gran apagón eléctrico el 28 de abril de 2025, Vito Quiles publicó en sus redes sociales la ubicación de su domicilio y fotografías del mismo, lo que vulneró su intimidad y seguridad. Eso provocó que empezara a recibir amenazas de usuarios de las redes sociales que llamaban a “quemarle la casa”, lo que le obligó a reforzar su seguridad y limitar sus salidas.  El agitador ha contestado a las preguntas de todas las partes y ha sostenido que vertió una crítica sobre la máxima dirigente de Red Eléctrica porque permaneció en su casa en días posteriores al apagón y cree que es la responsable de ese incidente y “de la muertes que provocó”. Su letrado, Juan Gonzalo Ospina, ha dicho que Quiles lo hizo por afán periodístico y sin especificar “ningún dato de carácter íntimo de la misma”. Recientemente esta defensa ha aportado al juzgado documentos en los que “se demuestra que fueron vecinos de la señora Corredor los que informaron a Vito Quiles de que la misma no había salido el domicilio”. Por su parte Vito Quiles ha afirmado que es inocente y que se limitó a ejercer su trabajo como periodista porque la presidenta de Red Eléctrica Española “era responsable del apagón y de alguna manera no estaba asumiendo sus obligaciones como el cargo público que es”, y por el que cobra más de medio millón al año. En la querella presentada por los letrados de Beatriz Corredor se relata cómo Quiles publicó varios mensajes en la red social X y en su canal de Telegram (el 30 de abril y el 3 de mayo de 2025). En el primero de ellos criticaba que la presidenta de Red Eléctrica no acudía a su puesto de trabajo “pese a la magnitud de la crisis energética que enfrenta España”, en referencia al apagón ocurrido días antes, e incluía el nombre de la calle en la que residía. En otro mensaje criticaba que Corredor contratara “con fondos públicos” vigilantes de seguridad para “blindar” su calle, cuyo nombre repetía, según la querella, que sostiene que Quiles cometió acoso por “la vigilancia” y “persecución” que realizó junto al domicilio familiar de la exministra, cuya ubicación desveló “con el evidente ánimo de que sus seguidores dirijan frente a la Sra. Corredor una constante campaña de acoso y hostigamiento”.

0
e
elDiario.es - Política

DESLIZA PARA DESCUBRIR MÁS